El tiempo no existe en las redes sociales y las elecciones presidenciales de Colombia, el domingo próximo, lo confirman.
El 8 de junio pasado el presidente Gustavo Petro respondió en X a un mensaje publicado por el candidato Abelardo de la Espriella el 9 de febrero de 2025 en la misma plataforma, con un retraso de apenas 485 días. Petro, quien no se la lleva bien con la brevedad ni con la ortografía, planteó en 692 palabras su respuesta a la advertencia de De la Espriella de iniciar numerosos procesos contra él y sus aliados en Colombia, Estados Unidos y Europa.
Para la fecha de la publicación del mensaje original, Nicolás Maduro aún estaba al frente de la presidencia de Venezuela y se hablaba del llamado “Cartel de los Soles”, pero luego del operativo en el que fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro el 3 de enero, el Departamento de Justicia describió a esa misma presunta organización de otra manera; como un sistema corrupto que incluía a militares, algo muy distante de un cartel.
Las amenazas del ganador de la primera vuelta en Colombia fueron muy específicas entonces y algunas se mantienen hoy en día. Involucran a instituciones del gobierno de Estados Unidos, país del que Abelardo de la Espriella es ciudadano naturalizado desde febrero de 2023 y cuyo presidente, Donald Trump, respaldó la candidatura del abogado en su red social el 2 de junio. Repasemos la viabilidad de lo planteado por el candidato de ultraderecha, quien en el video le habla a presuntos “defensores de la patria” con su plan para que otro país tome medidas en el que pretende gobernar.
Una forma didáctica y entretenida para entender la ley RICO está en el cine: le recomiendo ver las tres película de la saga de El Padrino, de Francis Ford Coppola y basadas en los libros del escritor Mario Puzo. Pero como no tenemos tanto tiempo le explico: la ley surgió en 1970 como un mecanismo para someter a la mafia; el acrónimo RICO significa “Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act” o ley contra organizaciones corruptas e influenciadas por la extorsión. Surgió como un mecanismo para procesar a los integrantes de una organización criminal para a través de ellos llegar a los capos; sería como destruir la organización desde adentro.
De la Espriella dijo que pediría al Departamento de Justicia “que se procese a los políticos, a los aliados de Petro en general, bajo el marco de la ley RICO y la Ley Bolívar. ¿Por qué? Porque el régimen de Colombia está asociado con la tiranía de Venezuela, con el Cartel de los Soles y es evidente que los Estados Unidos tiene jurisdicción para investigar a Petro, a sus funcionarios, a sus aliados políticos, a esos congresistas que se han vendido y también a los empresarios que le hacen el juego bajo, insisto, la ley Rico y la ley Bolívar”, dijo De la Espriella.
Maduro ya no es presidente, su sucesora Delcy Rodríguez cuenta con el respaldo de Trump, el Departamento de Justicia ya reconoció que el llamado “Cartel de los Soles” no era un cartel como tal y el principio de extraterritorialidad, respaldado por la Corte Suprema, establece que las leyes estadounidenses solo aplican dentro de su territorio, entonces difícil pensar que la ley RICO pueda ser utilizada contra aliados políticos del presidente Petro. ¡Strike uno!
Seguimos con los acrónimos, una de las herramientas de los legisladores estadounidenses para promover sus leyes. ¿Se imaginan una que se llamara “Ley para prohibir operaciones y alquileres con el ilegitimo régimen de Venezuela”? No pega. Suena mejor la ley Bolivar, que significa “Banning Operations and Leases with the Illegitimate Venezuelan Authoritarian Regime Act”. A diferencia de la ley RICO, ésta fue diseñada con un fin especifico: “prohibir transacciones comerciales con el gobierno de Maduro y otros propósitos”.
Es evidente: si Maduro está en una cárcel de Nueva York y no en el palacio de Miraflores en Caracas, no hay cómo hacer transacciones comerciales con él. Pero no es esa la única razón por la que la ley Bolivar no sería usada para procesar a los aliados políticos de Petro como advirtió De la Espriella que pediría: en realidad, la ley Bolivar ni siquiera existe aún.
El proyecto fue presentado por el entonces representante por la Florida Michael Waltz, ahora embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas, y aprobada por la Cámara de Representantes el 18 de noviembre de 2024. Al día siguiente pasó al Senado que la recibió, fue leída dos veces —parte del proceso— y pasó al “Calendario Legislativo”. Es decir, quedó en la lista de los pendientes, pero nunca fue ley. En febrero de 2025 De la Espriella anunciaba que le solicitaría al Departamento de Justicia que procesara a los aliados de Petro, por ser sus aliados, con una ley inexistente. Strike dos.
Entre los objetivos del ahora candidato presidencial De la Espriella estaba, además de Petro, el expresidente y premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos. Según el video publicado por el abogado: “El señor Juan Manuel Santos está hasta el cuello en la investigación de Odebrecht porque recibió muchísimo dinero para su campaña electoral, él hizo un arreglo en el gobierno de Biden. Hoy las cosas han cambiado y el presidente es Donald Trump. Voy a solicitarle formalmente y esto me llena el alma de regocijo, al Departamento de Justicia que levante el sello que hay en la investigación de Odebrecht en los Estados Unidos. Los colombianos tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó. Qué fue lo que acordó Juan Manuel Santos y cómo es que se ha podido escapar del brazo de la justicia hasta ahora”.
El 21 de diciembre de 2016, la oficina del Fiscal del Distrito este de Nueva York anunció un acuerdo por US$ 3.500 millones de las firmas brasileras Odebrecht S.A. y Braskem S.A. con autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza por una trama internacional de corrupción en la que pagaron casi US$ 1.000 millones en sobornos a funcionarios de “todos los niveles en muchos países”.
El texto del acuerdo está disponible en el portal del Departamento de Justicia y desde el 3 de enero de 2017 el sello, o reserva para acceder al documento fue levantado. Es decir: para el momento en que De la Espriella anunció que pediría el levantamiento de la restricción de acceso, llevaba ya 8 años sin ella. El expresidente Santos no aparece mencionado en el acuerdo publicado por el Departamento de Justicia en su portal. ¡Strike tres! Pero no está out.
Christopher Landau es el vicesecretario de Estado. Es abogado y fue embajador de Estados Unidos en México durante el primer gobierno de Trump. Hijo del diplomático de carrera George Landau, quien fue embajador en Paraguay, Chile y Venezuela, conoce la región y habla español. Su cargo es descrito como de asesor y “alter ego” —que según el diccionario de la Real Academia es “persona en quien otra tiene absoluta confianza”— del Secretario de Estado, Marco Rubio.
Landau es el encargado del funcionamiento de una entidad con cerca de 80.000 funcionarios. Es muy activo en redes. El 4 de junio, tras el testimonio del secretario de Estado en el Congreso, se pronunció en la red X sobre las elecciones en Colombia y reiteró el mensaje de su jefe: están observando las elecciones de ese país y listos para retirarles las visas a quienes quieran minar el proceso electoral. Terminó el mensaje diciendo: “¡Por algo me llaman El Quitavisas!”.
De la Espriella había advertido en el video de 2025 que pediría la suspensión de visas, lo reiteró el 8 de junio en una entrevista con la revista Semana con un tono de quien le habla a un subalterno: “Les recuerdo que el gobierno de los Estados Unidos está vigilando, ya el quitavisas tiene los ojos puestos sobre los corruptos. Gracias por proteger la democracia. Querido subsecretario (sic) Landau, le dejo aquí subsecretario (sic) unos nombres para que usted los tenga en el radar”. De todas las amenazas del candidato, está sería la más poderosa.
La ley de inmigración y nacionalidad de 1952 establece que la información sobre la emisión de visas es confidencial y por eso el Departamento no confirma, ni revela sobre la suspensión de visados. Si el segundo al mando del Departamento de Estado se presenta como quien quita visas como un castigo, no es difícil creer que pueda ocurrir con fines políticos. Ejemplos hay muchos, uno de los más recientes ocurrió con directivos del diario La Nación de Costa Rica.
A principios de mayo EE.UU. revocó la visa de 5 de los 7 miembros de la junta directiva de la casa editorial, aseguran no haber sido notificados, pero confirmaron la decisión, que habría sido provocada no por algo relacionado con el gobierno de Trump, sino por la cobertura del medio a la presidencia de Rodrigo Chaves, expresidente y ahora superministro del gobierno de San José, uno de los aliados incondicionales de Trump en la región. Ese papel también lo desempeña con esmero y como candidato De la Espriella, lo que plantea otro interrogante. Los opositores de Gustavo Petro aseguraban que transformaría a Colombia en “otra Venezuela” por lo ocurrido en ese país bajo los gobiernos de Chávez y Maduro, un vaticinio que no se cumplió.
Pero si como candidato De la Espriella plantea sacar a su país de organismos como la OEA, algo que Delcy Rodríguez inició como canciller en 2017; y le pide a Estados Unidos intervenir en los asuntos internos de Colombia al reclamar sanciones para sus rivales políticos, citando leyes estadounidenses que no corresponden, ¿no estaría Colombia camino a convertirse en algo similar a la Venezuela de hoy? Es decir, un país con un gobierno como el de Delcy Rodríguez, instalado bajo la anuencia de Estados Unidos, que deportó y desconoció la ciudadanía venezolana de Alex Saab, otrora hombre fuerte de Maduro y antiguo cliente de Abelardo de la Espriella. Y así, este gobierno de Rodríguez, quien es alabada frecuentemente por Trump, como ya ha hecho un par de veces con De la Espriella en su red social, es solo uno de los escenarios posibles para Colombia en la era de la llamada “doctrina Donroe”.
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